Andalucía, con el País Vasco y Cataluña, lidera el uso de desfibriladores en espacios públicos y empresas, según B+Safe, compañía especializada en la aplicación de tecnologías innovadoras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.
En 2009, el gobierno español puso las bases de su utilización en el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, donde se establecían las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos (DESA) fuera del ámbito sanitario, si bien, se dejaba en manos de las Comunidades Autónomas el establecimiento de los requisitos para su utilización.
Según B+Safe, la instalación de desfibriladores no es siempre obligatoria, aunque el Real Decreto establece que las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas promoverán y recomendarán su instalación, de acuerdo con las indicaciones o recomendaciones de los organismos internacionales, en aquellos lugares en que se concentre o transite un gran número de personas, como centros comerciales, aeropuertos, etc. En las empresas tampoco son obligatorios, aunque cada vez más empresas de todos los sectores están más concienciadas de su importancia y ya disponen de desfibriladores.
“En Francia –explica Nuño Azcona, director general de B+Safe- el número de desfibriladores instalados es ocho veces superior al de España. Esta cifra crece exponencialmente en Estados Unidos”. Según Azcona, “el siguiente paso será incluir los desfibriladores en la normativa de Prevención de Riesgo Laborales, lo que permitirá salvar cientos de vidas.”
