A día de hoy nadie duda de que las compras de las Administraciones Públicas deben ser realizadas con total transparencia. Es una demanda de los ciudadanos y la mayor parte de partidos políticos la incluyen en sus programas electorales.
Asimismo en los últimos meses se ha redactado y aprobado nueva legislación sobre transparencia en las Administraciones Públicas. El recién publicado Anteproyecto de ley de Contratos del Sector Público que recoge la transposición de las Directivas Europeas del 2014, contiene entre su articulado importantes novedades en cuanto a transparencia.
Hay un amplio consenso sobre que la implantación de la Contratación Electrónica regulada en el marco del Anteproyecto debe ser un factor clave en la Transparencia.
Muestra de este convencimiento es lo expresado por Safwan Nassri Director General de PIXELWARE, en la reciente mesa redonda “Transparencia en la contratación Pública” organizada por la Asociación Transparencia en colaboración de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Ifedes, SICOP y Pixelware, como expertos técnicos, y con la presencia de representantes de políticos del PP, EU, Podemos y Ciudadanos.
Resumen de la mesa redonda:
Salvador Ortí, responsable ejecutivo de SICOP recordó que actualmente hay un exceso de canales para llevar a cabo contrataciones públicas, falta de criterio en la elección de los productos y pese a la existencia de herramientas tecnológicas se sigue usando el papel para llevar a cabo la mayoría de las contrataciones públicas en los ayuntamientos.
Recordó que el 95% de los municipios españoles tienen menos de 5.000 habitantes y el 75% de estas contrataciones públicas son compras menores, en muchos casos, realizadas con urgencia cuando deberían formar parte de una gestión municipal planificada.
Por su parte Emma Verdú, abogada de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira apuntó que lo esencial del nuevo marco normativo reside en dos pilares: el derecho a la información pública y la publicidad activa. El primero implica que cualquier persona puede pedir información a la Administración sin esgrimir un interés particular; el segundo, la obligación que tienen los perceptores de fondos públicos de dar publicidad al uso que de éstos, sin necesidad de que nadie lo solicite.
Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 400.000 euros, la inhabilitación por un periodo de hasta 10 años y la resolución de los contratos.
Por su parte Juan Carlos Galindo, presidente de la Asociación Transparencia recordó que la calidad democrática y buen gobierno es incompatible con la corrupción.
Raúl Castillo, candidato de Ciudadanos al ayuntamiento de Sagunto, dijo que la nueva Ley, pese a sus carencias, supone un paso adelante en la forma de hacer política en las administraciones públicas. Dijo que si en un futuro su partido tiene que ser criticado por motivos de contratación pública por lo menos los ciudadanos estén bien informados al haber tenido acceso a toda esos datos.
Fabiola Meco, candidata de Podemos a las Cortes Valencianas considera que la ley de Transparencia debería estar anclada en el derecho fundamental a una información veraz que no lo está e incluir un control sobre aquellas personas que hayan tenido procedimientos sancionados por prácticas corruptas.
