Mientras Estados Unidos anuncia recortes significativos en sus programas federales de ciberseguridad, Europa avanza en la dirección opuesta. La Unión Europea y países como España están aumentando la inversión, endureciendo la regulación y reforzando las capacidades de prevención, detección y respuesta ante ciberamenazas. Dos enfoques opuestos ante un reto común que marcarán la capacidad de reacción de gobiernos, empresas y ciudadanos en los próximos años. ESET, compañía líder en ciberseguridad, analiza cómo decisiones presupuestarias divergentes pueden condicionar el equilibrio global en un terreno tan estratégico como el digital.
“Recortar en ciberseguridad en pleno auge del cibercrimen es como bajar la guardia en mitad del combate. Las decisiones que tomamos hoy condicionan la respuesta de mañana”, señala Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. “Defendemos una visión estratégica basada en la prevención, la cooperación y la inversión sostenida. Europa ha entendido que no hay transformación digital sin protección digital. Y mientras el cibercrimen avanza, retroceder no es una opción”.
EE. UU. desinvierte en plena escalada de amenazas
La propuesta presupuestaria del Gobierno estadounidense para 2026 incluye un recorte de casi 500 millones de dólares en la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), así como la supresión de programas clave como los dedicados a combatir la desinformación, coordinar amenazas regionales o proteger infraestructuras críticas. Se calcula que más de 1.000 profesionales podrían perder su puesto en una de las agencias centrales de ciberdefensa del país.
Estas reducciones no solo impactan a las entidades públicas, sino también a empresas tecnológicas que dependen de contratos federales para desarrollar productos y servicios avanzados de ciberseguridad. El riesgo es doble: menos vigilancia frente a amenazas crecientes y menor innovación para enfrentarlas.
Además, se pone en peligro el acceso de gobiernos estatales y locales a recursos compartidos, alertas tempranas y buenas prácticas, debilitando la coordinación nacional. Incluso bases de datos fundamentales, como la del sistema CVE de vulnerabilidades, han visto peligrar su financiación. Un ecosistema debilitado que podría tener efectos en cadena a medio plazo.
