La economía colaborativa es uno de los sectores que más tienen en cuenta los emprendedores cuando piensan lanzar su negocio. Suelen ser proyectos baratos, fáciles de diseñar y, normalmente, cubren necesidades básicas por lo que tienden a tener un nicho de mercado relevante.
Sin embargo, este tipo de negocio se mueve en una zona gris dentro de la legalidad vigente en nuestro país por lo que, desde Ad&Law, firma especializada en asesorar a startups, recomiendan que “antes de lanzarse con una idea que se base en la economía colaborativa se informen sobre los riesgos legales que entraña emprender dentro del sector y las posibles sanciones que pueden tener que asumir”.
Según Ad&Law, la legislación española no ha evolucionado como la del resto de países de nuestro entorno por lo que existen grandes riesgos regulatorios. Por ejemplo, uno de los mayores problemas a los que están teniendo que hacer frente muchas empresas emergentes de servicios de limpieza a domicilio es el de ‘qué clase de trabajador tienen’ ya que Hacienda está empezando a considerar que el papel de la startup como intermediario desaparece cuando el profesional sólo trabaja con pedidos de esa empresa. Es decir, Hacienda considera que en realidad se tratan de ‘falsos autónomos’ una figura ilegal, mientras que, las startups, se reafirman en que ellos sólo intermedian entre clientes y profesionales.
